El 15% de la población en el estado español sufre pobreza energética y esto se relaciona con unas mayores tasas de muerte prematura en invierno. Las diferentes organizaciones que forman la alianza contra la pobreza energética ya han presentado una Carta al Parlamento Catalán exigiendo medidas:
En Cataluña crece la pobreza: hoy 2,2 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, es decir, casi 1 de cada 3 personas. Y de estas personas, 300.000 son niños y niñas. La cifra de personas en situación de pobreza absoluta (ingresos inferiores a 3.600 euros anuales por persona) supera las 600.000 personas. Por otro lado, 225.000 familias tienen todos sus miembros en el paro y más de 95.000 son hogares sin ningún ingreso. Durante el 2012 se ordenaron 25.422 desahucios (72 por día), mientras siguen habiendo 80.000 pisos vacíos.
En Cataluña también crece la desigualdad: el 20% de los catalanes y las catalanas acapara el 44% de los ingresos mientras que el 20% más pobre sólo posee el 6% de esta riqueza. A los ingresos declarados hay que añadir que el 72% del fraude fiscal proviene de la evasión de impuestos de grandes fortunas y empresas. Así, el fraude empresarial catalán rondaría los 16.000 millones de euros anuales, cifra que multiplica seis veces los recortes del ejecutivo y sitúa Cataluña como la región con más fraude de Europa situándose en el 23% del PIB.
En Cataluña las empresas que distribuyen en régimen de monopolio la luz (Endesa), el gas (Gas Natural Fenosa) y el agua (Agbar), obtuvieron respectivamente 2.771 M€, 1.657 M€ y 432,9 M€ de beneficio el 2012. Un enriquecimiento relacionado con la subida de la tarifa eléctrica un 83% desde 2003 y la del agua un 65% desde 2008, al mismo tiempo que cortaban la electricidad a 1,4 millones de personas en el estado español así como decenas de miles de cortes de agua en Cataluña el 2013, sólo en Barcelona 30.000 hogares. Una muestra más de este modelo senil la hacía ayer mismo el Ministro Soria cuando nos explicaba que en los últimos 4 años hemos pagado 1.160M€ por un sistema de subastas inútil.
La gente de menor renta, en esta situación de paro masivo y subidas de los precios energéticos quedan por lo tanto excluidos. El 15% de la población en el estado español sufre pobreza energética y esto se relaciona con unas mayores tasas de muerte prematura en invierno: entre 2.300 y 9.000 muertos al año, frente por ejemplo de las 1.130 víctimas de accidentes de tráfico en carretera en el 2013.
A pesar de que el Parlamento haya aprobado dos mociones (en abril y noviembre de 2013) para poner fin a esta barbarie, el Gobierno nos presenta un vergonzante Decreto ley sobre el Código de Consumo como respuesta. Como una muestra más de su insensibilidad y desconexión con el ciudadano que más está sufriendo esta crisis, el Gobierno plantea una moratoria totalmente insuficiente e insultante y que únicamente verifica, una vez más, su servidumbre a las grandes fortunas y a las empresas que expolian y sabotean la economía familiar.
En definitiva: estamos ante una vulneración de los derechos de las personas. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, en vigor desde 1977 – y del cual España forma parte – en el artículo 11.1 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado por un mismo y por su familia, incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda adecuada, así como una mejora continua de las condiciones de existencia. De este precepto se desprende el derecho de toda persona y su familia, a disfrutar del derecho a una vivienda digna (Observación General núm. 4) y el derecho al agua y el saneamiento (observación General núm. 15 y reconocido expresamente por la Asamblea de Naciones Unidas en 2010), como el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. El acceso universal a la luz, el gas y al agua son condiciones indispensables para garantizar una vivienda digna y un nivel de vida adecuado, son condiciones imprescindibles para preservar la vida y la dignidad de las personas y sus familias. Además, como bienes comunes que son hace falta que las administraciones velen para la sostenibilidad de estos recursos, pues se ha hecho evidente que los “mercados” del agua, luz y gas han sido incapaces de garantizar el acceso universal.
Ante esta situación los movimientos de parados, afectados por desahucios, movimientos vecinales, consumidores y ecologistas nos unimos para combatir la pobreza energética, el régimen de las élites extractivas, en defensa de las personas y los servicios básicos como derechos fundamentales. Hoy pedimos a todas las fuerzas del arco parlamentario la constitución inminente de la Mesa de la Pobreza Energética en la que queremos participar. Mañana seguiremos pues en Cataluña se vulneran los derechos humanos.
Alianza para combatir la pobreza energética:
Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña
Coordinadora de asambleas de trabajadores/se en paro de Cataluña
Frente Cívico de Cataluña
Plataforma Afectados por la Hipoteca de Cataluña
Plataforma Agua es Vida
Unión de Consumidores de Cataluña
Red por la Soberanía Energética
Fuente: http://www.canalsolidario.org/
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